Derechos que penden de un hilo

Artículo publicado en la revista Nortes.

Recientemente, el Ayuntamiento de Oviedo anunció la supresión de la convocatoria de subvenciones anual destinada a las Asociaciones de cooperación internacional por valor de 550.000 euros. Esta decisión, alegando desde el Ayuntamiento retrasos en la ejecución de los proyectos en marcha, pone la mirada de nuevo en que, ante situaciones de crisis recurrentes, se recortan derechos sociales, en este caso, los de ciudadanía con derechos vulnerados en países del Sur global y los de profesionales del tercer sector en Asturias.

La cooperación descentralizadaespañola, es decir, aquella que se gestiona desde las Comunidades autónomas, diputaciones y corporaciones locales, ganó enteros en los años 90, momento de su expansión en todo el territorio, llegando a representar en el año 2016 el 24% de la Ayuda Oficial al Desarrollo total, AOD en adelante, según el Informe sobre realidad de la Ayuda de Intermón Oxfam. Sin embargo, la AOD española se sitúa en el furgón de cola mundial junto a Estados Unidos y Portugal, destinando a sus programas únicamente el 0,19% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en el 2017, muy lejos del 0,7% con el que soñamos a inicios de los años 90. Contabiliza, además, la denominada cooperación reembolsable, es decir, operaciones principalmente en fondos de inversión privados y otras medidas como el alivio de la deuda a países empobrecidos. Tras el espejismo que supuso alcanzar el 0,46% de la RNB en el 2009, España se situó en el 2015 en un límite histórico negativo de ayuda oficial al desarrollo con sólo un 0,12% de la RNB. Además, en las estadísticas, según el mismo informe de Intermón Oxfam, se incluyen datos de baja calidad que no deberían computar. Es lo que se denomina la ayuda inflada.

Volviendo a la cooperación descentralizada, las Comunidades autónomas españolas están muy lejos del 0,7 % de sus presupuestos regionales destinada a ayuda al desarrollo. Asturias, en este escenario, no es nada ejemplar en comparación con otras comunidades. Mientras en el 2007 se invertía en nuestra Comunidad el 0,31% del presupuesto regional en Ayuda oficial al desarrollo, el equivalente a 12 euros por persona, en el año 2017 se descendía al 0,10%, equivalente únicamente a 4 euros por cada persona residente en Asturias, muy lejos del 0,48% del País Vasco, la comunidad autónoma que destina un mayor porcentaje de ayuda en relación a su presupuesto regional.

La cooperación asturiana se ha caracterizado por la falta de seguimiento de las acciones y estrategias, un irregular papel del Consejo de cooperación, nula convocatoria de las ponencias técnicas y cambios constantes en la dirección de su principal instrumento público, la Agencia asturiana de cooperación. Con todo, ha mantenido, aunque con importantes reducciones presupuestarias en términos relativos, una línea continuada de subvenciones públicas anuales.

Silvia Junco, concejala de cooperación en el Ayuntamiento de Oviedo hace años, anunciaba, en el año 2010 el destino de 611.000 euros de la convocatoria de subvenciones para ONGD, enunciando como destino prioritario la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Diez años más tarde, un 10% menos de presupuesto en términos absolutos y un mayor recorte en términos relativos calculado sobre la renta per cápita ovetense, esa promoción de derechos fundamentales está en peligro.

Codopa lo tiene claro con su campaña #Oviedonocoopera, la más intensa y activa de las que se recuerdan en los últimos años. Se reclaman instrumentos de cooperación con presupuestos suficientes, de calidad, una mirada a largo plazo y Consejos de cooperación municipales fuertes que fomenten la participación social.

Desde las Entidades nos cuesta más, sin embargo, movilizar a las personas. No hemos insistido convenientemente en la necesaria profesionalización del sector, la importancia del factor humano en la gestión de proyectos de cooperación internacional. El tercer sector generó, en el año 2016, 8.400 puestos de trabajo ligados a la cooperación al desarrollo en España, el 40% de ellos en nuestro país. Ha ganado, en el imaginario colectivo, la mirada voluntarista, volun-turista en algunos casos y paternalista en muchos, fomentada por celebrities, agencias internacionales y algunos medios de comunicación. Se alaban viajes salvadores cortoplacistas que evitan mirar las causas profundas de la desigualdad y la injusticia social, mientras profesionales del sector en nuestra región viven situaciones de precarización laboral y las Entidades luchan por dignificar la vida de poblaciones en países empobrecidos. La moda del voluntarismo cortoplacista redentor, como un bien más de consumo, nos ha matado el discurso a Organizaciones incapaces, a menudo, de contrarrestar con narrativas más profundas que calen en las personas. Oculta, además, otro activismo voluntario no remunerado, menos vistoso, más invisibilizado e imprescindible, que desarrollan personas comprometidas que con sus acciones defienden otros modelos de relaciones humanas.

Debemos de reconocernos, también, en el tránsito por el desierto sufrido en el devenir de los años. Es tiempo para hacer autocrítica. Alfredo Olmeda, en su libro “Del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal”, señala que el camino hacia la profesionalización de las ONG supuso una mayor tecnificación, y ésta, llevó a una mayor desideologización y menor participación, tomando distancia de los movimientos sociales históricos. En mi opinión, el regreso a una ideologización que desligue el problema de la pobreza como un asunto meramente técnico y económico, es fundamental para ahondar y trabajar en las causas de las inequidades sociales entre Norte y Sur y recuperar a una ciudadanía activa, formada y realmente solidaria. Hemos visto limitada nuestra capacidad para tejer redes de solidaridad y elaborar nuevos discursos de reacción social entre la gente, simbolizadas ambas por las movilizaciones de los años 90 en el 0`7% y + que nos llevó a muchas personas a acampadas masivas en los parques de los juzgados de Oviedo y a manifestarnos por las calles de manera constante. Ahora que se recuperan las grandes movilizaciones a nivel mundial debemos volver a los principios que inspiraron aquellas concentraciones.

El logro reciente de la Plataforma #Asturiassinrecortes, revirtiendo una decisión unilateral del Gobierno asturiano, insuficientemente celebrado en los medios, consiguió cambiar, no sólo la decisión unilateral de la Consejería de Bienestar social asturiana de eliminar de un plumazo las convocatorias públicas anuales por valor de 800.000 euros en el 2020 si no, sobre todo, recuperar espacios de diálogo y participación ciudadana. Articular espacios de encuentro y de militancia cruzada entre plataformas diferentes a las que unen la defensa los derechos sociales básicos debe ser también una prioridad.

La crisis generada por la covid 19 nos ha abierto los ojos, recuperando espacios de cohesión entre las Entidades, de apoyo mutuo en pro de un bien común. Adormecidas los últimos años, atomizado el sector social con baja participación en plataformas y coordinadoras estamos ante la oportunidad de encontrarnos en nuevos frentes. Ante la paradoja de recortes sociales en el momento que más aumentan las desigualdades, con Asturias a la cabeza en indicadores de pobreza, no podemos permitir que derechos alcanzados se vulneren de un plumazo.

En el sector de la cooperación internacional han sido varios los amagos a lo largo del año de Ayuntamientos asturianos que amenazaron con no publicar convocatorias de subvenciones públicas destinadas a ONGD y dinamitar los Consejos municipales de cooperación. Amenazas basadas en argumentos inconsistentes bajo un escenario incierto, nos sitúan de nuevo en la necesidad de reorientar y reconsiderar nuestra acción militante, dirigiendo esfuerzos y movilizaciones a la incidencia política y a la recuperación de los espacios de participación en los Consejos locales de cooperación. Estos,se erigieron en un instrumento clave de democratización de los procesos de cooperación internacional, garantizando la participación de actores en la planificación, seguimiento y vigilancia de las políticas y planes locales. El decaimiento y la degradación de estos consejos, su escasa convocatoria e interés político, ha derivado, en muchos casos, en una apropiación indebida de los planes municipales por los partidos gobernantes, deviniendo en decisiones unilaterales como la reciente supresión de la convocatoria pública de subvenciones de Oviedo que sientan un precedente inadmisible.

Con esta situación, la supresión de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo es sólo la punta del iceberg bajo el que varios derechos sociales penden de un hilo: la participación ciudadana, la formación de vecinos y vecinas críticos y conscientes de la desigualdad mundial, la democratización de las políticas de cooperación internacional, la dignificación contractual y salarial de compañeros y compañeras profesionales del sector y, especialmente, las condiciones vitales de grupos de población empobrecida en países del sur global.

Pocas veces, en tiempos de elecciones, inciden los partidos en sus políticas locales y regionales de cooperación internacional. No está en la agenda. Sienten que nos preocupan más otras cuestiones locales muy loables que afectan a nuestra ciudad, entorno y vida diaria. Sin embargo, no podemos eludir la responsabilidad que tenemos con muchos pueblos sobre los que, no olvidemos, nuestras políticas y modelos insostenibles y usurpadores han contribuido sobremanera a perpetuar situaciones actuales de pobreza. Los instrumentos de cooperación internacional son compromiso ciudadano, sí, pero también tienen mucho de reparación y devolución.

Se trata del derecho a tener derechos, en palabras de Hannah Arendt. La filósofa alemana defiende que lo que nos aboca a estar fuera de la humanidad no es la pérdida de derechos humanos sino la pérdida de la pertenencia a una comunidad. Ese derecho de pertenencia tiene que ser garantizado por la misma humanidad, derecho que tenemos que preservar por encima de todo. Hay mucho en juego, no sólo una convocatoria de subvenciones, sino la conculcación de derechos básicos.

Mintiendo sabiendo que se miente esconde, a mi juicio, una triple falta. Autoengaño, propaganda a la ciudadanía y distracción en la opinión pública sobre la raíz de un problema. Enfangar el terreno alegando retrasos en la justificación o motivos técnicos en la ejecución de subvenciones concedidas en el 2019 para restringir derechos en el 2020, no encaja con la realidad de los hechos. ¿No es responsabilidad del Estado, también en el ámbito municipal, la gestión del dinero público garantizando criterios de transparencia y participación ciudadana desde un enfoque de derechos?

La ayuda descentralizada destinada a Entidades sociales fortalece estructuras ciudadanas aquí pero también asociaciones locales en el Sur global, garantes en última instancia de la promoción de servicios básicos esenciales. Además, sirve para tejer redes y alianzas estratégicas entre Asociaciones a uno y otro lado y fortalecen lazos de apoyo mutuo que aportan claves para entender realidades complejas y orientan soluciones creativas y efectivas. La financiación local propicia un acercamiento directo de nuestros vecinos y vecinas a realidades lejanas que, de no darse, nunca sostendría una ciudadanía crítica, activa y comprometida en defensa de los principios que rigen la justicia social. Por eso, en esta partida nos jugamos más que una convocatoria de subvenciones pública.